En el periodo 2020-2022, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desafiaron los límites presupuestarios establecidos, superando en más de 100 por ciento las asignaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca prescindir de estos órganos para destinar recursos a las pensiones de los trabajadores.
El aumento en los gastos se atribuye principalmente al pago de salarios a funcionarios, siendo la CRE más afectada con la contratación de plazas eventuales y aumentos salariales.
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En 2020, la CRE y el IFT excedieron sus presupuestos en 287 y 418 millones de pesos, respectivamente. Esta tendencia persistió en 2021 y 2022, sumando más de 2 mil millones en gastos no autorizados.
La Secretaría de Hacienda destaca que el gasto adicional se relaciona con erogaciones salariales y contrataciones adicionales.
Estos desafíos financieros se dan en el contexto de la Ley Federal de Austeridad Republicana del presidente López Obrador, quien busca redirigir estos fondos hacia otras prioridades gubernamentales.
