En una carta «confidencial» hecha pública por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se detalla la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Esta resolución cambió la medida cautelar de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, como alertó AMLO.
Alcalde destaca que el tribunal, conformado por los magistrados Sarabia Ascencio, Olvera López y Hernández Orozco, amparó a los acusados el 30 de noviembre.
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Esto permitió una nueva audiencia para modificar la medida cautelar, alejándose de la prisión preventiva oficiosa.
En la carta, la funcionaria subraya el riesgo de fuga de la justicia al modificar la prisión preventiva oficiosa. Advierte sobre la posibilidad de que los militares liberados se vuelvan inlocalizables o fuguen del país.
Alcalde resalta la importancia del caso debido a las graves violaciones a los derechos humanos contra los jóvenes desaparecidos y sus padres.
Confía en que el Poder Judicial garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables para evitar un mensaje de impunidad.
El CJF informa que la juez que ordenó la liberación impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva oficiosa.
Estas incluyen presentarse quincenalmente, exhibir una garantía de 50 mil pesos y la prohibición de salir del país. También se prohíbe acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso.