El gobierno estadounidense vuelve a aplicar duras sanciones petroleras a Venezuela debido a preocupaciones sobre la democracia.
Estas medidas responden a los intentos de Maduro de consolidar su poder, desvaneciendo esperanzas de elecciones justas.
Las sanciones afectan a empresas estadounidenses que tienen inversiones en Venezuela, con un plazo de 45 días para cerrar operaciones.
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Originalmente, las sanciones se habían relajado tras un acuerdo para elecciones libres, pero la situación cambió drásticamente.
El gobierno de Maduro ha obstaculizado el proceso electoral, limitando la participación de opositores y encarcelando críticos.
Las nuevas sanciones buscan revertir la política previa y presionar a Maduro para ofrecer condiciones electorales equitativas.
El Departamento de Estado insta a Maduro a permitir la participación de todos los candidatos y liberar a presos políticos.