El terremoto de magnitud 7.7 que azotó Myanmar, causando más de 2.000 muertos, no detuvo los bombardeos de la junta militar en las áreas afectadas. La ONU condenó estos ataques como «indignantes e inaceptables». Tom Andrews, relator especial de la ONU, calificó de increíble que los militares continuaran lanzando bombas mientras los equipos de rescate trabajaban para salvar vidas.
El ataque aéreo más reciente ocurrió en Naungcho, en el norte del estado de Shan, menos de tres horas después del sismo. Siete personas perdieron la vida en este bombardeo. En el mismo día, el ejército también llevó a cabo ataques terrestres en Sagaing, una de las regiones más golpeadas por el terremoto, según los grupos rebeldes.
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El Gobierno de Unidad Nacional, que representa a la administración derrocada, anunció una pausa de dos semanas en sus operaciones militares ofensivas en las zonas afectadas. Sin embargo, los grupos rebeldes informaron que los militares siguieron con sus bombardeos en diversas zonas, incluyendo el epicentro del terremoto en Sagaing.
La ONU ha advertido sobre los crímenes de guerra cometidos por la junta, que sigue recurriendo a bombardeos aéreos indiscriminados contra civiles. A pesar de los llamados internacionales a detener las agresiones, el régimen continúa con su ofensiva, respaldado por el apoyo militar de Rusia y China.
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Los analistas políticos advierten que Myanmar está sumido en una crisis profunda, tanto política como económica, y que la guerra civil no muestra signos de terminar en el corto plazo. La economía del país sigue deteriorándose, y la situación humanitaria empeora con la falta de recursos para los afectados por el desastre natural.
Con el aumento de la resistencia y las derrotas militares, el futuro de Myanmar es incierto. Sin embargo, la oposición sigue luchando por la restauración del gobierno civil y por el fin del régimen militar.