El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, declaró procedente la solicitud de concurso mercantil presentada por TV Azteca durante el primer trimestre del año, al determinar que la empresa “incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones”.
El procedimiento fue promovido por la propia televisora con el objetivo de obtener protección judicial ante la carga de adeudos que mantiene con acreedores tanto en México como en Estados Unidos.
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Con esta resolución inicia una etapa de conciliación de 185 días naturales, periodo durante el cual la empresa suspenderá el pago de las deudas contraídas antes de la sentencia, así como otros compromisos financieros, con excepción de aquellos indispensables para su operación, como salarios, contribuciones fiscales y cuotas de seguridad social. Asimismo, quedan suspendidos los procedimientos de embargo en su contra.
De acuerdo con la resolución publicada por el Órgano de Administración Judicial, se declara “procedente la solicitud de concurso mercantil presentada” por la televisora y se ordena el inicio de la etapa de conciliación, la cual comenzará a contar a partir de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación.
El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) deberá designar a un conciliador en un plazo máximo de cinco días. Este será el encargado de revisar la situación financiera de la empresa y determinar el monto de sus créditos y obligaciones.
Para ello, TV Azteca deberá poner a disposición del conciliador sus libros contables, registros financieros, documentos y los recursos necesarios para cubrir los gastos relacionados con el procedimiento.
En caso de que durante la etapa de conciliación no se alcance un acuerdo con los acreedores, la empresa podría ser declarada en quiebra.
El proceso también ocurre en medio de los señalamientos realizados por acreedores en Estados Unidos, quienes acusan a la televisora de ocultar activos y de contratar un crédito por 290 millones de dólares con AlterBank, “una entidad en Santa Lucía vinculada a actividades delictivas”, pese a los adeudos que ya mantenía, situación que, aseguran, redujo la masa concursal disponible para responder a sus obligaciones.
