El Gobierno de México anunció una serie de medidas legales y diplomáticas tras la muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso más reciente corresponde a Lorenzo Salgado Araujo, lo que llevó a las autoridades mexicanas a reforzar su estrategia de defensa de los connacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la protección de los mexicanos que viven en el extranjero debe asumirse como una causa nacional, por lo que exhortó al Congreso, a los partidos políticos y a la sociedad a respaldar las acciones emprendidas por su administración para exigir justicia por estos casos.
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Como parte de la estrategia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante la Embajada de México. Asimismo, se interpondrán denuncias ante las fiscalías estatales correspondientes con el apoyo de la red consular mexicana en territorio estadounidense.
Además, la SRE comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde fallecieron ciudadanos mexicanos, con el propósito de que cesen las presuntas omisiones relacionadas con la falta de atención médica o la aplicación de prácticas incompatibles con los estándares internacionales. Paralelamente, la dependencia solicitó la intervención del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que investigue los hechos, solicite información a las autoridades estadounidenses y evalúe posibles violaciones a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas acciones forman parte de la etapa inicial de investigación, previa al posible inicio de procedimientos judiciales.
