La determinación del Tribunal Colegiado ratificó el fallo emitido el 9 de marzo de 2026 por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, quien desechó desde un principio la solicitud de protección de la justicia federal.
En aquella resolución, el juez consideró que el exfuncionario no presentó elementos probatorios que demostraran, ni siquiera de manera inicial, que existiera un procedimiento de extradición en su contra.
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Al analizar el recurso de queja, los magistrados respaldaron ese criterio y señalaron que para que un amparo sea procedente debe existir un acto de autoridad concreto que represente una afectación real y vigente a los derechos de quien lo solicita.
De esta manera, el tribunal determinó que las preocupaciones sobre posibles acciones futuras, sin pruebas de que realmente estén en marcha, no son suficientes para justificar la intervención de la justicia federal. La resolución confirma el desechamiento del amparo, sin que ello implique una determinación sobre la existencia o inexistencia de una eventual solicitud de extradición.