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Arrestan al exministro de Defensa de Corea del Sur por su vinculación con ley marcial y rebelión

Arrestan al exministro de Defensa de Corea del Sur por su vinculación con ley marcial y rebelión

El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue arrestado el miércoles por su presunta implicación en la imposición de la ley marcial. Este decreto, aplicado por primera vez en más de 40 años, duró alrededor de seis horas y provocó importantes protestas y debates nacionales.

Kim está acusado de abuso de poder y rebelión al organizar, junto con el presidente Yoon Suk Yeol y otros funcionarios, un plan para alterar la Constitución. Las autoridades sostienen que el exministro envió tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran contra la ley marcial. Sin embargo, los parlamentarios lograron rechazar el decreto, lo que obligó al gobierno a retirarlo antes del amanecer del 4 de diciembre.

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El Tribunal del Distrito Central de Seúl aprobó la orden de arresto contra Kim, quien permanece detenido desde el domingo. Los fiscales tienen un plazo de 20 días para decidir si formalizan los cargos. De ser encontrado culpable de rebelión, Kim podría enfrentar la pena máxima de muerte.

Mientras tanto, el presidente Yoon y otros funcionarios clave, incluidos comandantes militares, están bajo investigación por su rol en los eventos. El Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a ocho colaboradores salir del país. El Parlamento aprobó una propuesta para designar un fiscal especial independiente que investigue el caso, debido a dudas sobre la imparcialidad de los fiscales actuales.

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Los críticos argumentan que la ley marcial fue inconstitucional, ya que Corea del Sur no enfrentaba una situación de emergencia que justificara su implementación. Además, acusan al presidente de utilizar a las fuerzas armadas para restringir la labor parlamentaria, lo cual califican como un acto de rebelión.

En respuesta, Kim pidió disculpas públicas, asumiendo toda la responsabilidad y solicitando clemencia para los soldados que solo seguían órdenes. Las investigaciones continúan, mientras el Parlamento evalúa nuevas acciones contra otros altos funcionarios involucrados.

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